El derecho a la verdad en las violaciones graves a Derechos Humanos. (Caso San Fernando, México)

Resumen

Es deber de todo Estado democrático garantizar el Derecho a la Verdad, mismo que deriva de los órdenes jurídicos nacional e internacional. A pesar de su reciente determinación, este derecho es de suma importancia al permitir el conocimiento de eventos que por su naturaleza ofenden profundamente no sólo a los individuos, sino a la sociedad e incluso a la humanidad misma. En México La principal garantía legal de este derecho, la constituye la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (antes la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente cuando tuvo verificativo el caso que se analiza) que prevé la publicidad de las averiguaciones previas relativas a violaciones graves de Derechos Humanos, puesto que dichas violaciones exceden el interés particular a la privacidad. Empero, la redacción lacónica del texto legal no permite identificar la autoridad o instancia facultada para calificar la gravedad de las violaciones cometidas, sin obviar el debate sobre si es posible hablar de grados de gravedad entre las violaciones de los derechos fundamentales. La ausencia de una atribución legal específica a determinada instancia o autoridad anula el principio de máxima publicidad al que está sujeta la información gubernamental y obstaculiza el ejercicio del derecho a la verdad que debe gozar la ciudadanía de todo estado democrático ante situaciones de violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en 2010.